No funcionó la política de observación de casos judiciales de Tucumán que había puesto en marcha el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, pero su su titular, Germán Garavano, reiteró que persistía el diagnóstico inicial sobre la falta de transparencia y de respuesta institucionales. “La verdad es que seguimos teniendo una mirada crítica de la Justicia tucumana”, manifestó el ministro luego de exponer en Rosario (Santa Fe) durante la ceremonia de apertura de la asamblea 68 de la Federación Latinoamericana de la Magistratura y del Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados.

El ministro evitó referirse en concreto al fracaso de la veeduría encomendada a Ana Colombres Garmendia y a Juan Roberto Robles, dos abogados ligados a Cambiemos. Ambos dimitieron el año pasado por la imposibilidad de acceder a la mayoría de los 33 expedientes civiles y penales incluidos en el listado original de la observación. Los veedores habían presentado sus credenciales a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en noviembre de 2017. La medida había sido rechazada por el Gobierno provincial y por la propia Federación Argentina de la Magistratura (FAM), anfitriona de las reuniones internacionales de la judicatura celebradas en la ciudad santafesina. La nota de introducción de los ex observadores llegó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán justo cuando Daniel Posse se hacía cargo de la presidencia. Después de un debate interno, el jefe del alto tribunal comunicó a Colombres Garmendia y a Robles que debían dirigirse a los fiscales y jueces que manejaban los casos. Un año más tarde, los veedores dieron un paso al costado.

Este lunes y antes de abandonar el salón de actos de los Tribunales de Rosario, Garavano reiteró que la Justicia tucumana tenía un compromiso frente a la comunidad y agregó que la mayor garantía de la independencia judicial estaba vinculada con la credibilidad del sistema. “Lamentablemente en Argentina y en Tucumán hoy los Tribunales no gozan de la confianza de la población y ese es realmente su desafío: poder demostrar mediante procesos transparentes que da una respuesta independiente a casos complejos que sacuden la realidad tucumana”, opinó Garavano al ser consultado sobre la veeduría. Además, dijo que la falta de jueces, de fiscales y de defensores oficiales nombrados en propiedad afectaba la independencia de la Justicia provincial (se informa por separado).

“Yo he marcado los retos y falencias desde el primer momento. La Casa Rosada no tiene injerencia sobre el Poder Judicial: no interfiere ni en ámbito nacional ni en los Tribunales provinciales”, recordó esta semana. En febrero de 2016, pocos meses después de que Mauricio Macri asumiese la presidencia de la Nación, Garavano había comentado que los problemas de la Justicia de Tucumán eran “preocupantes” y que las instituciones locales debían resolverlos sin llegar al extremo de una intervención federal. En aquel momento, el ministro había afirmado: “hay un gobernador que acaba de asumir (Juan Manzur) y la Justicia debe ser una de sus tareas principales. La Legislatura y la Corte Suprema de Tucumán también han de ofrecer soluciones institucionales de cara a la sociedad. Recién cuando estas alternativas hayan fracasado podríamos evaluar la necesidad de una intervención. Nosotros creemos que hay que dar tiempo y espacio, y que la Justicia de Tucumán debe encargarse de esclarecer casos que generan conmoción social, además de las cuestiones internas que se vislumbran. De hecho, los conflictos judiciales de Tucumán han sido los que más recurrentemente han llegado hasta aquí desde que asumimos”.

En la conversación de esta semana, Garavano admitió que no había habido cambios durante estos tres años. “La sociedad y las instituciones de Tucumán deben reaccionar. Lo que sí puede hacer la Nación es poner en evidencia una situación crítica, como lo hemos hecho, que está presente en distintos Tribunales del país, pero que a lo mejor Tucumán es la que más la sufre”, observó.